Los banderilleros y picadores se rebelan contra las medidas propuestas por la Junta de Andalucía

El colectivo que aglutina a los banderilleros y picadores de toros no está de acuerdo con las propuestas surgidas en Andalucía para reducir el número de participantes en corridas de toros, novilladas con picadores y novilladas en plazas de 3ª y 2ª categoría, como uno de los aspectos para reducir el costo de los festejos taurinos.

La verdad es que no solo este aspecto es el que puede considerarse a fin de lograr mejor viabilidad para su realización, aunque sí es el que ha dado lugar a la protesta formal de la Entidad de los subalternos, ASPROT, a través de la siguiente nota:

«Ante los daños causados por la crisis del coronavirus, la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos del Gobierno de Andalucía redactó el pasado 21 de mayo, un borrador de medidas y condiciones particulares que, con vigencia de un año, facilite la organización y celebración de espectáculos taurinos en su Comunidad Autónoma.

Esta decisión, tan de agradecer por un sector tan afectado como el nuestro, tiene, en cambio, un aspecto tan alarmante como contradictorio, pues, como única solución y único sacrificio propuesto al sector, dicho borrador contempla la ELIMINACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJOS DE PICADORES, BANDERILLEROS Y MOZOS DE ESPADAS. En concreto, la Junta de Andalucía quiere fijar, para plazas de segunda y tercera categorías, y tanto en corridas de toros como en novilladas, la reducción en cada cuadrilla de un puesto de picador, un puesto de banderillero y el puesto de ayuda del mozo de espadas, lo que supone un total de más del 40% de los puestos de trabajo de cada festejo en las cuadrillas.

Ante tal decisión, aún pendiente de aprobación definitiva, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España y la Asociación Nacional de Mozos de Espada, manifiestan su más enérgica protesta, pues, lejos de paliar la crisis del sector, la Junta de Andalucía provocaría una mayor, al reducir los puestos de trabajo entre unos colectivos profesionales que, al igual que otros, ha visto suspendida tajantemente su actividad y lleva sin recibir ingresos de ningún tipo desde que finalizó la pasada temporada anterior, en octubre de 2019. Tal medida puntual de fijar sólo un picador y dos banderilleros por cuadrilla, que además influiría negativa y directamente en la calidad de la lidia y en el buen desarrollo del espectáculo, no supondría ningún beneficio considerable para el sector, y menos aún tan alargada en el tiempo pues se pretende que dure un año independientemente de la situación sanitaria, pero hace sospechar de la influencia en la decisión, aprovechando el actual río revuelto, de otras partes implicadas que, con absoluta insolidaridad, llevan ya tiempo intentando imponerla definitivamente no sólo en plazas andaluzas Extrañamente, la propuesta de la Junta de Andalucía no obliga a otros estamentos, como ganaderos o empresarios, a pasar por ningún tipo de penalización como la impuesta a las cuadrillas, como tampoco establece medidas de reducción del precio en las entradas para facilitar el acceso al aficionado que también sufre la crisis económica. Nos parece muy triste que, como única conclusión posible, el gobierno andaluz pretenda implementar un modelo de espectáculo taurino afectando y sacrificando únicamente a su sector laboral más débil.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Andalucía, así como los partidos que lo componen, que tanto presumen de apoyarla, no han elevado estos días ninguna queja al Gobierno del país por la discriminación que la tauromaquia está sufriendo respecto a otras industrias culturales, ni tampoco han presentado un plan alternativo o medidas técnico sanitarias para mejorar dicha marginación y conseguir que el toreo tenga las mismas condiciones que otras actividades artísticas. Por todo ello, esperamos que los responsables de la Junta rectifiquen y den marcha atrás en este claro atropello a los derechos laborales del sector taurino, pues, en caso contrario, estas asociaciones mayoritarias adoptarán las medidas necesarias que caben en nuestro ordenamiento jurídico para defender los derechos de los profesionales taurinos».

Esta reducción afectaría a 4 de cada 10 personas integrantes y participantes en un festejo taurino.

Parece normal que la entidad que se dedica a defender los intereses de sus asociados se oponga a la medida, aunque sopesar todas las circunstancias es algo que se viene demandando desde hace bastante tiempo y a la vista de la realidad de la programación taurina. En una plaza portátil como en las plazas permanentes de 3ª categoría tres picadores estarían perfectamente capacitados para cumplimentar en todo el festejo el tercio de varas, cada vez mas retrotraído a un pinchazo, levemente señalado, y a otra cosa mariposa, por aquello de evitar que el toro se rompa en el peto del caballo y que luego no pueda durar en la faena de muleta, que es cuanto ahora parece interesar más al público espectador.

Cierto que esta reducción que se plantea no es solo para este colectivo, sino que todas las partes que intervienen en la corrida, directa o indirectamente, deben disminuir sus costes que están establecidos en el convenio general taurino donde se exponen los honorarios mínimos a percibir y que luego en los contratos suele colocarse la coletilla de » a convenir» y ni tan siquiera reflejar los mínimos pactados en el convenio.

Toca ahora a los subalternos ponerse en posición porque desean y quieren continuar trabajando en esta fiesta con el derecho que les asiste, pero también sabiendo que todos, absolutamente todos, los sectores para continuar en esta tesitura deben modificar muchas de las cosas que se creían inmutables hasta hace bien poco. Y aquí no se puede escapar nadie: Ni la administración, ni los ganaderos, ni los toreros, ni los empresarios, ni por supuesto los subalternos.

Escrito por Jesús López Garañeda

Foto: José Fermín Rodríguez